Las sanciones por saltarse las normas sanitarias pueden superar los 3.000 euros de multa
Las inspecciones sanitarias en bares y restaurantes de la ciudad realizadas el año pasado se saldaron con el cierre de 54 establecimientos dedicados a la restauración. La principal causa fueron las malas condiciones higiénicas que se encontraron los inspectores cuando llegaron al local, bien en el material de cocina utilizado, en las instalaciones o en la precaria conservación de los alimentos.
Al menos, así se establece en el balance de actuaciones realizado por la sección de Higiene de los Alimentos de la Concejalía de Sanidad, que durante 2008 realizó 823 visitas en otros tanto negocios hosteleros. Las intervenciones están motivadas por diferentes razones. Algunas forman parte de la rutina habitual, aunque también se actúa en función de las denuncias que realiza la Policía Local o los propios vecinos. De hecho, en las últimas semanas los agentes municipales han precintado dos restaurantes por este motivo. Uno se ubica en la calle Ángel Guimerá y el otro en Pelayo. Del número total de locales inspeccionados, en 333 casos la situación era correcta, por lo que no se levantó acta de sanción ni se instó al propietario a subsanar ninguna deficiencia. El resto de restaurantes inspeccionados tuvo que subsanar los problemas detectados ante la posibilidad de que se les multara. En algunos casos no hubo advertencia y se procedió a abrir el correspondiente expediente sancionador.
Según los datos aportados por la Concejalía de Sanidad, en la ciudad trabajan 8 inspectores, cada uno encargado de una zona de la ciudad. Ximo, uno de estos profesionales, explicó que los principales motivos que determinan una sanción contra el restaurante es que las condiciones higiénicas supongan un riesgo contra la salud, así como la falta de la correspondiente licencia.
"Fundamentalmente son cuestiones técnicas, como que no dispongan de agua caliente o no haya una protección contra insectos, o que el establecimiento no tenga la licencia correspondiente", señaló.
Valencia cuenta con 1.321 comedores colectivos, concepto que hace referencia a negocios dedicados a la restauración. De las 823 visitas realizadas, 389 se realizaron de oficio, es decir, por sorpresa.
Una vez inspeccionado el local, el procedimiento habitual es realizar un apercibimiento de sanción si existen causas aparentes. Es decir, el inspector le da un plazo de tiempo al propietario para que subsane las deficiencias, y en caso de no hacerlo, se inicia el procedimiento de sanción, que puede derivar en un cierre cautelar del negocio. Del medio centenar de casos en que se tuvo que precintar el local, la inmensa mayoría pudo reabrirlo tras solucionar los problemas detectados.
De las actuaciones realizadas, en 76 casos eran visitas para comprobar que las deficiencias se habían arreglado. "En la mayoría de los casos cumplen, pero lo que de vedad nos pone nerviosos es que se le hayan detectado cinco deficiencias y cuando vuelves para ver si las han subsanado hayan seis o siete", señaló el citado inspector. En los casos más graves, las sanciones pueden ser superiores a los 3.000 euros, mientras que en las multas leves el tope se sitúa en 3.000. Por regla general, suelen oscilar entre los 600 y los 700 euros.
Del total de inspecciones, se realizaron 77 visitas en negocios recién abiertos, con el objetivo de controlar que tanto el instrumental como los alimentos estaban en buen estado de conservación. También sirvieron para verificar la existencia de la licencia.
Por su parte, los agentes de la Policía Local elevaron 18 denuncias sobre otros tantos establecimientos hosteleros. Precisamente, los dos últimos casos que han trascendido están relacionados con actuaciones llevadas a cabo por patrullas de la Policía Local.
El pasado 19 de enero, agentes de la unidad de Abastos que pasaban por la calle Pelayo detectaron un fuerte olor procedente de un bajo anexo a un establecimiento hostelero, regentado por ciudadanos asiáticos. Tras entrar, detectaron que la cocina, ubicada en el bajo de donde procedía la emanación, no cumplía los requisitos mínimos de salubridad. Los propietarios, según el cuerpo municipal, carecían de la correspondiente licencia de actividad. Tras poner la denuncia, se precintaron las neveras donde se guardaban los alimentos, a la espera de la correspondiente inspección del departamento de Sanidad, que derivó en el precinto del local.
Lo mismo sucedió el pasado día 6 en otro negocio de la calle Ángel Guimerá. Durante una inspección rutinaria, los agentes municipales pudieron ver las malas condiciones higiénicas del material empleado para cocinar, así como la precaria conservación de los alimentos. Esto derivó en el cierre temporal del negocio, a la espera del informe de la sección de Higiene de los Alimentos. Además, se sancionó a los propietarios, de origen chino.
Ximo, el inspector, explicó que es un grave error caer en los estereotipos. "Hay restaurantes chinos que están muy bien y otros mal, de la misma manera que hay otros negocios regentados por españoles que están bien y otros que están mal", sentenció. Es más, durante sus años de trabajo, recuerda un episodio especialmente duro. Se trataba de una histórica cafetería situada en el centro, ya desaparecida. "La boca de la máquina para hacer churros tenía un color negruzco. Mi compañero tuvo que salir a la calle porque le daban arcadas", sentenció.
"La Concejalía de Sanidad está muy satisfecha con la labor de los inspectores, pues protegen al consumidor. Además, desempeñan una labor educativa, pues hay veces que el empresario desconoce los protocolos de actuación", en palabras de la concejala Lourdes Bernal.
FUENTE:
LASPROVINCIAS.ES
VALENCIA
J. BATISTA
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